Reportaje en el diario El Ciudadano de Rosario, a propósito de la presentación del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.
“Cuantitativamente,
la principal víctima de la dictadura fue el movimiento obrero”, afirmó
Alejandro Jasinski, el historiador que forma parte del colectivo de
trabajo Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos,
que investiga las responsabilidades civiles en el terrorismo de Estado y
analiza el rol de los cuadros empresariales, desde dueños, miembros de
dirección y otros jerárquicos, en la comisión de delitos de lesa
humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras. Antes de la
conferencia que brindará en Rosario para mostrar los avances de su
investigación, el viernes próximo, a las 19, en el IES Nº 29 “Galileo
Galilei” (Oroño 1145), el investigador social dialogó con El Ciudadano.
Los empresarios
“El
movimiento de derechos humanos, la sociedad en su conjunto, ha
denunciado, investigado y logrado que los crímenes de lesa humanidad
cometidos por las fuerzas represivas durante el terrorismo de Estado
encontraran justicia en los tribunales. Esto ha llevado mucho tiempo y
esfuerzo. De hecho, hay muchas deudas pendientes en este sentido, pero
los logros han sido enormes. Y siempre que un paso se consolidaba se
subía otro peldaño de justicia”, explica Jasinski las razones que
llevaron al Programa a investigar a civiles.
“Así,
pasaron de ser condenados los altos mandos, a ser condenados oficiales
de mejor jerarquía, se encontraron nuevas responsabilidades cada vez más
abajo. Este largo proceso permitió que algo que se había denunciado
desde el mismo proceso de transición democrática empezara a tomar más
cuerpo: la investigación de los crímenes de los civiles, entre ellos,
los empresarios”, expresó.
“Cuantitativamente, la
principal víctima de la dictadura fue el movimiento obrero. En términos
de efectos y reestructuración de la sociedad, el pueblo trabajador
sufrió las peores consecuencias sociales y económicas. ¿Cómo puede
pensarse que los empresarios no tuvieron nada que ver o que fueron
apenas cómplices? De mínima, nos teníamos que plantear una hipótesis
contraria”, lanzó Jasinski.
Al mismo tiempo, el
historiador aclaró: “No estamos hablando de todos los empresarios, sino
de un grupo específico, que en su alianza con las fuerzas represivas
tuvo el manejo de la economía y que además participó activamente –y esta
fue nuestra principal preocupación– en los crímenes cometidos contra
los trabajadores. Este es el aporte que hacemos a partir del estudio de
25 casos de empresas nacionales y extranjeras, de distintas regiones y
ramas de actividad, de todo el país. Más allá de lo específico del
dictamen, que haya sido recientemente condenado el primer empresario por
estos crímenes, el dueño de La Veloz del Norte, es muy significativo y
ha llegado justo a tiempo”.
Investigación y hallazgos
“Nosotros
partimos de las premisas de cómo se reestructuró globalmente y en forma
muy regresiva la economía y la sociedad en el país, del beneficio que
esto implicó para muchos grandes empresarios que cometieron delitos, por
ejemplo a través del perverso circuito de la deuda externa, como quedó
demostrado en la Causa Olmos, y como por ejemplo recientemente quedó
demostrado en el análisis que se hizo de la Comisión Nacional de Valores
o del Banco Nación”, recuerda Jasinski sobre las directrices que
guiaron su investigación.
“También analizamos con
mucha profundidad la trama, los motivos del golpe, buscando en la
conflictividad previa, en las luchas obreras y sus conquistas, en el
obstáculo que representaba el poder obrero para la acumulación del
capital, la decisión de ciertos empresarios de participar activamente en
la represión. Pero es esto último lo que demostramos centralmente:
quiénes y cómo lo hicieron”, señala el historiador entre los
descubrimientos del equipo de trabajo.
“Demostramos la
existencia de una estrategia de disciplinamiento y movilización militar
de la fuerza de trabajo que contó con numerosas prácticas empresariales
represivas y que estuvo anclada en el terrorismo de Estado. Pudimos
detectar a través del estudio de 25 casos un patrón común, que iba desde
variadas formas de militarización de los espacios laborales hasta la
provisión de insumos esenciales que habilitaron, facilitaron y
exacerbaron la represión. Encontramos a los empresarios, mandos altos,
medios y bajos, desde accionistas y dueños hasta capataces, pasando por
gerentes de áreas de Personal y Vigilancia, en posición de franca
iniciativa. Secuestros en fábrica, vinculación entre secuestros y
despidos, supervisión militar de la producción, aporte de legajos
laborales y fotos, militares en cargos claves en las empresas,
infiltración de agentes en las fábricas”, sostuvo Jasinski acerca de los
patrones de conducta encontrados.
Por último, el
investigador agregó datos sobre la violencia terrorista desatada al
interior de las fábricas: “La práctica más violenta fue la instalación
de centros clandestinos de represión dentro de los predios fabriles,
como sucedió en La Fronterita, Acindar o Ford. Lo central es que, más
allá de la represión contra las dirigencias sindicales y la intervención
de sindicatos, la represión llegó a la médula del poder obrero, a las
comisiones internas, cuerpos de delegados y al colectivo de trabajadores
gracias a la responsabilidad de estos empresarios”.
Equipo de trabajo
“Formamos
un equipo de 20 investigadores, de cuatro instituciones, estatales y
civiles (Flacso y Cels), lo que nos permitió abordar tantos casos y
trabajar sobre distintos archivos. El Archivo Nacional de la Memoria,
expedientes y testimonios judiciales, entrevistas orales, expedientes
del Ministerio de Trabajo, Archivos de inteligencia policial, documentos
militares y fuentes empresariales, nos permitieron una minuciosa
reconstrucción de los procesos”, relató Jasinski sobre el equipo de
trabajo, y agregó: “El cruce de datos de distinta importancia
cualitativa fue fundamental. Este trabajo archivístico se acopló sobre
un relevamiento previo de todo lo acumulado y disperso, sobre todo
material judicial del Juicio a las Juntas, los primeros juicios de los
años 80, los Juicios por la Verdad y las presentaciones de la CTA ante
el juez Baltazar Garzón, además de estudios de historiadores y
cientistas y trabajos locales que en algunos casos aportaban mucho
material sobre la historia de las luchas en las fábricas”.
Objetivos
En
cuanto a los objetivos fijados por el colectivo de investigadores,
Jasinski expresó: “Nosotros nos propusimos objetivos en el plano de la
justicia, la verdad y la memoria. La propia publicación del informe y
su accesibilidad gratuita de los dos tomos que se pueden descargar de
internet, las presentaciones que hacemos en todo el país, apuntan a lo
último. La aceptación del mismo por parte de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, también. Respecto de la Justicia,
presentamos el informe ante la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, del Ministerio Público Fiscal, para que sea útil si
corresponde a las distintas instancias de investigación judicial. La
Fiscalía federal utilizó el informe para el juicio contra Levín, de La
Veloz del Norte. Esperamos que pueda ser de utilidad en otros casos.
Pronto debería comenzar el juicio por Ford y el caso Acindar pareciera
estar pronto a cerrar su instrucción, veremos qué resultados puede
producir en este terreno tan difícil. Nosotros funcionamos de arranque a
base de optimismo y no vamos a perderlo justo ahora”.