[Por Luciano Hazan y Alejandro Jasinski]
Esta es una nota publicada este 24 de marzo en Página 12. Se refiere al proceso de secuestro, tortura y desaparición de trabajadores, es decir, al crimen de lesa humanidad como opción de lucha de los empresarios. Acá no hablamos de "complicidad civil" en términos jurídicos, sino de una deliberada política patronal orientada a eliminar un escollo al interior de las fábricas: los delegados y comisiones internas, y con ello las aspiraciones de los trabajadores tanto de un cambio social como de mínimas reivindicaciones laborales.
El terror como estrategia patronal
Publicada en Página 12, 24 de marzo de 2014 [link]
Por Luciano Hazan * y Alejandro Jasinski **
La
noción del “golpe civil” para referirse a la instauración de la última
dictadura militar en el país fue ganando terreno en los últimos años,
demostrando su creciente aceptación en la sociedad e implicando un
importante salto en el proceso de memoria, verdad y justicia. Esta idea
puso en evidencia el involucramiento conjunto de civiles y militares en
la instauración de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, que
inició a puro terror un largo proceso de desmantelamiento del estado
social construido con el advenimiento del peronismo hace setenta años.
Esta
participación civil tuvo como protagonistas imprescindibles a jueces,
miembros de la Iglesia, periodistas y sindicalistas, entre otros grupos
de poder. También a numerosísimos empresarios nacionales y extranjeros,
cuyos motivos, más allá de cuestiones ideológicas o políticas,
estuvieron fuertemente impregnados por el interés económico.
Una
de las variantes del aporte empresarial en el terror de aquellos años
fue la promoción de la desaparición de trabajadores, de su tortura, así
como de otros crímenes contra la humanidad. Esto constituyó una
particular estrategia patronal, direccionada al colectivo de
trabajadores en general, pero con foco especial en los obreros que eran
activistas gremiales: delegados, miembros de comisión interna y
dirigentes sindicales. Es sintomático que los trabajadores fueran
mayoría abrumadora entre los desaparecidos de la primera semana luego
del golpe, alcanzando aproximadamente al 70 por ciento del total de
desapariciones del período dictatorial.
El
objetivo era claro y el análisis de los numerosos casos puntuales no
deja lugar a dudas: esos trabajadores fueron atacados, más allá de que
participaran o no de determinados partidos políticos u organizaciones
político-militares, porque representaban los derechos y anhelos
legítimos de sus compañeros de fábrica u oficina. Un parte de
información de inteligencia de la policía bonaerense de noviembre de
1976, refiriéndose al delegado general de la planta de Molinos Río de la
Plata en Avellaneda, el paraguayo Marcos Augusto Vázquez, peronista y
miembro de la CGT de la Resistencia, indicaba: “El citado tendría mucho
arraigo entre el personal, que entre obreros y empleados suman 1050
personas”. Unos días más tarde, este trabajador fue secuestrado de su
casa de Florencio Varela y desaparecido.
Hoy,
varios casos de responsabilidad empresarial en la desaparición de
trabajadores están siendo investigados. Los relatos indican detenciones
masivas en los portones de fábrica; el uso de predios y vehículos de las
compañías para los secuestros y torturas; el sitio de poblados enteros
como en Villa Constitución (Acindar) o Libertador General San Martín
(Ingenio Ledesma); confección de listados del personal “marcado”;
intervención de los propios ejecutivos en interrogatorios; armado de
causas penales para justificar detenciones ilegales; entre muchísimos
métodos más que se usaron.
Algunos
de estos casos han llegado a los escritorios de jueces. En muy pocos se
han logrado procesamientos y confirmaciones, y todavía ninguna
elevación a juicio, aunque es probable que este año algún empresario que
cometió crímenes contra la humanidad sea sentado en el banquillo. Como
vemos, las tareas pendientes todavía son muchas e involucran a distintos
actores. Al Estado en sus distintas ramas, sin dudas; pero hay además
un universo de importancia central: los familiares y ex compañeros de
trabajo de los obreros desaparecidos. Sus recuerdos son fundamentales
para la reconstrucción de cada uno de los escenarios de conflictividad
laboral de los años previos a 1976, cuya comprensión es imprescindible
para alcanzar tanto la Verdad como la Justicia.
* Coordinador del Programa Verdad y Justicia.
** Historiador e investigador del PVyJ.