Milei, el divisor, para el Workzeitung

Me pidieron un artículo para el Workzeitung, la prensa de la unión de sindicatos más grande de Suiza, UNIA, que organiza a los trabajadores de comercio, construcción y servicios privados, entre otros. El artículo fue traducido como: Milei, el divisor. Experimento gubernamental inhumano en Argentina

Les dejo el link suizo y pego el texto original en español: 

  

La Argentina ante un experimento inhumano de desposesión

Por Alejandro Jasinski, Doctor en Historia y periodista argentino
Para Workzeitung de la Gewerkschaft Unia de Suiza

El pasado 15 de enero, en Argentina, delegados del combativo sindicato de trabajadores estatales (ATE) protestaron contra el nuevo gobierno constituido en el país, encabezado por el ultraderechista libertario Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. El próximo 24 de enero, lo harán las principales centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Su anunciado paro general con movilización será el primer round oficial de la política callejera, luego de las protestas populares espontáneas que se produjeron a fin de año, cuando se conocieron las primeras medidas del nuevo gobierno, que ya cumplió su primer mes de gestión.

Frente a estas protestas, el nuevo presidente y su aliado, el ex primer mandatario, Mauricio Macri (2015-2019), alientan a la violencia social. De forma pusilánime, Macri llama “orcos” a los opositores, con todos los atributos con que se baraja el estigma: marrón, agresivo, vago. Y llama a los jóvenes del país a defender la “libertad”. Rico, racista y elitista, Macri invocó el aura élfica. Son las mismas “fuerzas del cielo” a las que se refirió Milei durante la asunción presidencial, en una particular lectura de los antiguos textos macabeos. Ambos exponentes del nuevo ciclo político de ataque a los trabajadores -Macri y Milei- no ahorran insultos y amenazas públicas contra quienes rechazan su plan de expropiación de las mayorías populares, que ya comenzó a beneficiar a un pequeño número de grandes corporaciones.

Milei, portador de esta fenomenal violencia empresarial, viaja ahora a Davos, Suiza, para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial. Allí, se reunirá con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que recientemente aprobó un limitado apoyo financiero y político a su gobierno, pero apoyo al fin. El presidente participará de un panel titulado “Lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fracturado”. Pocos pueden ofrecer una idea mejor que Milei de cómo profundizar las fracturas sociales.

El plan de fractura social

En este primer mes de gestión, el gobierno ultraderechista y ultraortodoxo lanzó tres anuncios principales con gran cantidad de medidas de todo tipo. El primero, que comenzó a regir de inmediato, fue encabezado por una brutal devaluación de la moneda nacional (el peso) del 118%, el despido de 7 mil trabajadores del Estado contratados en el último año y el fin de los subsidios a los servicios públicos (de lo que resulta un encarecimiento de la vida).

El segundo se conoció a través del dictado de un mega-decreto, llamado de Necesidad y Urgencia (DNU N° 70/2023), que tiene 366 artículos. El mismo contiene la mayor pulsión dictatorial, al violar los más caros preceptos constitucionales y modificar decenas de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Por ello, cosechó un rápido y visible rechazo a derecha (por su forma anti-republicana) y a izquierda (por la forma y el contenido anti-popular). Pero el mismo rige, hasta que no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso. La única forma de detenerlo es a través del frente judicial. Numerosos amparos fueron presentados, logrando un parcial éxito, hasta que se expida la Corte Suprema de la Nación. Una de estas exitosas oposiciones fue impulsada por la central sindical CGT.

El tercer paquete de medidas se presentó directamente en el escenario legislativo. Se trata de un mega proyecto de ley (llamado “Ley Ómnibus”), que contiene más de 650 artículos. En este caso, su aplicación depende de las negociaciones y debates que ya comenzaron en el Congreso. El gobierno espera que puedan aprobarse antes del paro general del próximo 24. Para ello, recorta y modifica algunas disposiciones a pedido de sus propios aliados, a quienes necesita imperiosamente, ya que la fuerza ultraderechista apenas cuenta con 38 de 257 diputados y 7 de 72 senadores nacionales.

Con sus medidas y proyectos, el gobierno pretende sentar las bases de un régimen político autoritario y destruir las bases legales del Estado de contención social que, con muchas deficiencias, sobrevive en la actualidad. Todo ello vendría a profundizar la intensa transferencia de ingresos del trabajo al capital que tuvo lugar durante la gestión del ex presidente Macri (2015-2019), que muy poco se alteró durante el tibio gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), que finalizó con una pobreza de más del 40 por ciento de la población. En otras palabras, se trata de un programa general de austeridad fiscal, monetaria e industrial, con políticas de ajuste de orden coyuntural y otras de carácter estructural.

Las medidas impulsan la liberalización total del comercio (sobre todo importador) y del sistema financiero, bancario y monetario; privatización de empresas estatales claves (por ejemplo, de transporte aéreo, bancos e hidrocarburos) que son testigos en sus sectores y dan importantes ganancias. Otras medidas constituyen un histórico ataque a las clases trabajadores y populares, mediante políticas de desregulación laboral y de los mercados de servicios y consumo de bienes (precios), lo que incluye el acelerado encarecimiento de los alimentos, la salud, los alquileres para vivienda y el entretenimiento. Las políticas de ajuste y destrucción de la demanda afectarán, como siempre, al sector del capital que constituyen las pequeñas y medianas empresas y sectores profesionales de la pequeña burguesía.

Por ejemplo, en materia laboral, se busca hacer caer los históricos convenios colectivos de trabajo, eliminando la cláusula de ultraactividad, que hasta ahora permite mantener la vigencia de un convenio vencido, en la medida que no sea reemplazado por uno nuevo. Por otro lado, se busca extender los períodos de prueba laboral, cambiar el sistema de indemnizaciones por despido y desterrar los sistemas de multas a los empleadores cuando no cumplen con las leyes y las deudas que acumulan, sobre todo en materia de aportes previsionales y jubilatorios. Hay más, se busca restringir el derecho constitucional a la huelga y, en paralelo, aplicar un protocolo represivo contra las manifestaciones. A ello se le suman las medidas que buscan atacar el financiamiento sindical y el de las organizaciones sociales que componen una economía popular que, en las últimas décadas, ha quedado completamente excluida del mercado de trabajo formal en el circuito principal del capital.

Historia y alternativas

Milei enfatizó en estos días una muletilla que viene repitiendo la derecha y el sector empresario hace tiempo: Argentina perdió el rumbo hacia su grandeza hace -más o menos- cien años, cuando comenzó a construirse una sociedad basada en el constitucionalismo social. La sociedad reivindicada por estas derechas es la que en América Latina llamamos -con más o menos acierto, según el país- la de los “regímenes oligárquicos”, que se dedicaban a explotar a las clases trabajadoras excluidas del sistema político (no ciudadanas) y exportar los productos del campo (ganado, lana y madera acá, bananas, café y cacao en otros lados).

Aquel régimen encontró inmediatos obstáculos, con las primeras organizaciones obreras, los anarquistas, socialistas y sindicalistas revolucionarios, y fue seriamente cuestionado hacia 1920. Entonces, se había terminado el sistema político exclusivo (apareció el voto democrático y popular) y, con los aires que soplaba la Revolución Rusa desde Moscú, apareció lo que llamamos la “anomalía argentina”, un poder obrero organizado en torno a fuertes sindicatos por rama de industria, que se transformó entonces en uno de los principales factores de poder de la política nacional.

Aquella coyuntura terminó violentamente, con grandes masacres de obreros a manos de las fuerzas estatales y privadas, como en La Patagonia con los peones rurales, en Santa Fe con los obreros de la compañía inglesa La Forestal o en la ciudad de Buenos Aires con los obreros metalúrgicos. Pese a esta represión, este poder obrero no desapareció, siguió avanzando en sus conquistas y, dos décadas más tarde, se transformó en el eje de una fuerza social y política que pasó a dirigir los asuntos del Estado: el peronismo.

Al iniciarse los tiempos de la Guerra Fría, al amparo de las doctrinas contrainsurgentes y de Seguridad Nacional impartidas desde Francia y Estados Unidos, sucesivas dictaduras atacaron una y otra vez el modelo que expresaba el peronismo, con su fuerte constitucionalismo social e impronta obrera. Finalmente, llegó el terrorismo de Estado de los años 70, con su cruel política de tortura y eliminación física de los disidentes, la mayoría de ellos dirigentes obreros. Entonces se impuso una radical política de “reorganización” de la sociedad. Aún así, duramente golpeado y frente a una realidad profundamente transformada, ese poder obrero sobrevivió.

Los proyectos de transformación presentados por el gobierno de Milei dialogan directamente con aquel régimen oligárquico y su constitución liberal del siglo XIX y con esta última experiencia dictatorial y su liberalismo económico. No hay dudas, el núcleo de su artillería está dirigida contra este poder obrero que, pese al inclemente paso del tiempo, al avance y transformaciones del capitalismo y a sus propias incapacidades para atender nuevas demandas, sigue presentando límites a la ambiciosa explotación del capital.

El próximo paro general con movilización impulsado por las centrales sindicales mostrará si esta afirmación continúa vigente, si hay margen o no para que prospere el proyecto de saqueo y desposesión de las minorías corporativas. Claro, dada la reciente expresión del voto popular -el triunfo electoral de Milei-, la posible contundencia de una medida de fuerza no ahorrará sufrimientos a los de abajo. Sin embargo, puede abrir puertas alternativas al inhumano experimento social de esta ultraderecha rapaz.